La línea ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero, que ha permanecido inactiva durante más de 22 años, enfrenta un complejo entramado de problemas que han llevado a su paralización. Esta obra, que comenzó en 2004 con una inversión proyectada de 360 millones de euros, sigue sin ofrecer servicios a los usuarios. De los 15 kilómetros planeados, solo se han construido 8, y el coste actual asciende a 162 millones de euros públicos derrochados, en medio de errores administrativos y presuntas irregularidades.
El proyecto, adjudicado a OHL, se detuvo en 2010 debido a la crisis económica. Posteriormente, en 2015, la Comunidad de Madrid impuso multas por incumplimiento a la constructora, que respondió con demandas que desencadenaron la investigación del caso Lezo, implicando a diversos funcionarios en un supuesto esquema de corrupción. Este escándalo ha llevado a penalizaciones y solicitudes de prisión para varios implicados.
Recientemente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido la reactivación del proyecto. En 2025, tras extensas negociaciones, el ministro de Transportes propuso que el Estado asumiera la responsabilidad del proyecto, lo que permitió avanzar hacia la licitación de un estudio de viabilidad que se espera complete en 2026.
A pesar de los obstáculos, este análisis determinará el futuro de la conexión ferroviaria, potencialmente beneficiando a 250,000 residentes de la zona. Mientras tanto, el debate sobre la responsabilidad del atraso continúa, a medida que las necesidades de movilidad de los habitantes de Navalcarnero y sus alrededores siguen sin ser atendidas adecuadamente.