La reciente protesta en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde miles de ciudadanos exigieron la mejora y el abastecimiento de agua, terminó con 39 detenciones y dejó 28 policías y 31 civiles heridos. La situación ha suscitado diversas reacciones en la comunidad, donde familiares y organizaciones han indicado que el número de detenidos podría ascender a 52. Las quejas no solo se centran en los hechos de violencia, sino también en presuntas arbitrariedades durante las detenciones, así como en la falta de información sobre el estado de los detenidos.
La movilización, que se desarrolló desde la glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco, reunió, según el Gobierno de Jalisco, a cerca de 10,000 personas, mientras que otras estimaciones la situaron en alrededor de 4,500. El gobierno estatal apuntó que la manifestación comenzó de manera pacífica, pero fue interrumpida por un “grupo de choque” de unas 400 personas, quienes propiciaron actos violentos contra la policía y otras personas presentes.
En un comunicado oficial, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que este grupo, algunas de cuyas integrantes estaban encapuchadas, agredió a los agentes de seguridad con piedras y palos después de tumbar las vallas de protección en Casa Jalisco, lo que llevó a la policía a usar fuerza en respuesta. Dos policías resultaron gravemente heridos, uno con fracturas en el cráneo y otro con amputaciones.
Por la noche del mismo día, la Fiscalía del Estado liberó a seis de los detenidos, argumentando que continuarán las investigaciones sin que se imponga prisión preventiva. Las liberaciones se dieron bajo un contexto complicado, ya que familiares y organizaciones se habían congregado frente a la Fiscalía para exigir la liberación de quienes consideraban como ciudadanos pacíficos, acusando detenciones arbitrarias y actuando por la falta de información clara sobre el paradero de los detenidos.
La Universidad de Guadalajara y otras instituciones señalaron que varios de sus estudiantes fueron detenidos, y pidieron a las autoridades garantizar su bienestar y pronta liberación. Estos estudiantes y sus familias se sumaron a las voces que exigen transparencia en el proceso y el respeto a los derechos humanos.
El motivo principal detrás de esta movilización es la crisis de agua que ha afectado a 320 colonias de la metropolitana, donde muchos ciudadanos han denunciado recibir agua contaminada, con un fuerte olor a alcantarilla y testimonios de problemas de salud relacionados. Los manifestantes pidieron medidas concretas para abordar este dilema, reiterando que su derecho a manifestarse pacíficamente debe ser respetado.
Mientras tanto, el partido Morena solicitó la liberación de las personas detenidas y subrayó la necesidad de un diálogo constructivo para abordar la problemática del agua en el Estado. La situación ha generado un sentimiento tanto de desesperación como de unidad entre los ciudadanos, que continúan reclamando una respuesta a sus demandas.