Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda han expresado su preocupación por la falta de transparencia y la supuesta simulación de atención a la crisis de desapariciones en México. La reciente anuncio por parte de la Secretaría de Gobernación sobre una nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha generado desconfianza, pues consideran que no se les ha consultado ni se ha explicado adecuadamente la metodología del ejercicio previo.
A través de una carta pública, las familias requieren a las ocho personas expertas convocadas que aclaren los criterios y mecanismos de independencia que guiarán su trabajo. En su comunicado, mencionan que se han enterado de estas decisiones por medios informativos, lo que refuerza su sensación de exclusión en un tema que les afecta profundamente.
Además, han cuestionado la falta de claridad por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la metodología aplicada en la revisión efectuada en marzo. Este proceso incluyó categorías poco definidas que podrían generar confusión sobre las cifras de desapariciones y pidieron hacer visible la realidad de sus seres queridos.
Las familias exigen que este nuevo esfuerzo no se convierta en un intento por borrar la memoria de quienes han desaparecido. También solicitan una revisión de los objetivos y criterios de trabajo de los especialistas, así como una reunión pública con ellos para conocer los detalles sobre colaboración y confidencialidad que prometió la Secretaría de Gobernación.
Quienes firmaron la carta, que representa a diversas organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León y la Glorieta de las y los Desaparecidos, argumentan que la selección del grupo de expertos por parte de autoridades que ellos mismos revisarán genera dudas sobre la imparcialidad del proceso. Esta preocupación se fortalece con el inminente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre México, el cual se presenta en un contexto de creciente atención internacional a la crisis de desapariciones en el país.
Las familias estiman que más de 135 mil personas permanecen desaparecidas en México y demandan respuestas sobre cuántos casos son reconocidos oficialmente por el Estado. En su mensaje, subrayan que la impunidad se ha convertido en una realidad cotidiana que deben enfrentar.