El pasado sábado, más de 25 organizaciones ambientalistas se unieron en una emocionante protesta para visibilizar los problemas ambientales que enfrenta el país debido a las acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta manifestación, que llenó de voces a las calles, se centró en rechazar la extracción de gas por fracturación hidráulica, conocida como ‘fracking’, así como en cuestionar el apoyo financiero que el Gobierno de México ofrece a la empresa estatal.
Frases impactantes como “Queremos futuro, no hidrocarburos” resonaron entre los asistentes, quienes llevaron una “contragalería” fotográfica que denunciaba incendios, quemadores de gas y derrames de petróleo. La marcha, que partió de la Secretaría de Energía hacia la sede de Pemex, buscó interpelar la noción de soberanía energética que promueve el Gobierno.
Sacni Acosta, representante de Deuda por Clima y Legaia, subrayó que ninguna soberanía puede estar por encima del agua, la vida de las personas y la tierra. Acosta también hizo eco de la indignación de las comunidades afectadas por un incendio prolongado en Veracruz, que duró casi cinco meses y que aún carecen de reparaciones adecuadas.
El pozo Krem-1, ubicado en Las Choapas, fue un punto central de la protesta, donde los manifestantes recordaron que, pese a los esfuerzos de Pemex para cerrar la emergencia en agosto, las promesas de reparaciones no han llegado a quienes más las necesitan. La situación se complica, pues se reportan múltiples incidentes, como un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, por el cual Pemex reconoció una fuga en un oleoducto y separó a tres funcionarios.
La Red Corredor Arrecifal ha documentado contaminación en 113 puntos a lo largo de un tramo costero entre Tabasco y Tamaulipas, mientras que los manifestantes en la Ciudad de México acusan casi 1,500 derrames y fugas asociadas a la industria. Karina Villalba, de Noreste Sin Fracking, ha enfatizado que el noreste de México ha sido una zona sacrificada, donde su desarrollo ha traído consigo contaminación y problemas de salud a las comunidades.
Emanuel Cruz Solano, de Hackers por Nuestro Futuro, solicitó un cambio de enfoque ante la crisis climática y rechazó la idea de un “fracking sustentable”, resaltando la necesidad de un movimiento ambiental sólido para desafiar al Gobierno y exigir justicia para las comunidades afectadas.
Esta protesta ocurre justo diez días después de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunciara estudios para la extracción de gas no convencional, una medida que busca disminuir la dependencia del gas estadounidense, que actualmente representa el 75% del consumo nacional.
Un comité científico ha sugerido restricciones en estos estudios y ha hecho hincapié en la necesidad de involucrar a las comunidades locales en las decisiones que afectan su territorio. Sin embargo, muchos ciudadanos siguen sintiendo que estas decisiones se toman lejos de sus realidades, en oficinas gubernamentales que no reflejan sus preocupaciones.
Pemex, mientras tanto, reporta una deuda de 77,500 millones de dólares, aunque estas cifras no desaceleran las críticas sobre cómo se sostiene la empresa y el financiamiento que el Gobierno le otorga. Así, el contexto se complica para las comunidades que, día a día, enfrentan los impactos de una industria que parece estar por delante de sus necesidades más básicas.