La Cámara de Diputados ha aprobado reformas significativas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y ha modificado la Ley Federal de Derechos, lo que impactará directamente la vida cotidiana de muchos mexicanos. Esta decisión, parte del Paquete Económico 2027, busca ajustar el cumplimiento de obligaciones fiscales y mejorar el control sobre deducciones y pérdidas fiscales, lo que puede afectar a trabajadores y empresas en su gestión tributaria.
La reforma al ISR fue aprobada con 349 votos a favor y se pospuso la discusión de aspectos específicos hasta el 14 de octubre, a las 9:00 horas, debido a reservas planteadas por varios legisladores. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone elevar de 3.5 a 5 millones de pesos anuales el límite de ingresos para que individuos tributen bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico). Asimismo, ajusta los pagos mensuales para que quienes generen hasta 5 millones al año paguen una tasa máxima del 2.5%.
En el caso de las personas morales, el umbral para beneficiarse del Resico aumenta de 35 a 50 millones de pesos anuales. Además, se incrementa de 900 mil a un millón de pesos el monto exento por actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras. Las empresas con ingresos acumulables superiores a 50 millones enfrentarán nuevas reglas en deducciones y pérdidas fiscales, reduciendo la deducción de intereses netos del 30 al 20%.
También se regularizan los pagos al extranjero, permitiendo su deducción en el año de la retención, y se eliminan ciertos regímenes considerados ya obsoletos. Esto refleja un intento por parte del Gobierno de México de simplificar la tributación y combatir la evasión fiscal.
Por otro lado, la Cámara también aprobó la Ley Federal de Derechos con 339 votos a favor, actualizando las cuotas que se cobran por el uso de bienes del dominio público y otros servicios estatales. Esta reforma estipula que el 57% de lo recaudado por derechos de visitantes se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que otras proporciones van a la Secretaría de Migración y a la Tesorería de la Federación.
Se establecieron ajustes que impactan no solo en derechos migratorios, sino también en el sector aeronáutico y en cuotas por servicios ambientales. La reforma sugiere la actualización de tarifas por servicios consulares y la creación de nuevos derechos en áreas como el uso de espectro radioeléctrico, lo que influye en el costo para los ciudadanos.
Ambas reformas han despertado diversas reacciones en la Cámara. Mientras que los partidos afines al Gobierno argumentan que estas medidas no incrementan las tasas generales, la oposición asegura que implican mayores cargas fiscales y cuestiona la viabilidad de aumentar ciertos cobros. Estos ajustes afectan a la población, que podría tener que enfrentarse a un incremento en el costo de algunos servicios básicos debido a estos cambios legislativos.