La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido atraer el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Esta decisión es un paso significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos de las víctimas y sus familiares, ya que se busca establecer criterios claros sobre la responsabilidad judicial en casos de desaparición.
El Pleno de la Corte aprobó este lunes la solicitud para revisar un amparo interpuesto por Tita Radilla, hija de la víctima. Este proceso permitirá examinar si las fallas de distintas autoridades durante la búsqueda e investigación han afectado los derechos a la verdad y el acceso a la justicia de las familias involucradas.
La SCJN también tiene la tarea de definir qué medidas pueden ser ordenadas por las autoridades judiciales para garantizar una investigación efectiva. Esto incluye la creación de planes de búsqueda y la coordinación entre distintas instancias, sin interferir en las competencias de las autoridades especializadas.
El análisis que realizará la Corte será fundamental para aclarar el control judicial ante posibles inacciones estatales en la búsqueda de personas desaparecidas. El objetivo es asegurarse de que los derechos de las víctimas estén debidamente protegidos.
El ministro Giovanni Figueroa Mejía destacó que este caso es de gran interés y relevancia, dado que establecerá un precedente sobre las responsabilidades de las autoridades en relación con sus obligaciones constitucionales y de derechos humanos. También se interpretará el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que busca fijar estándares claros en la investigación de violaciones de derechos humanos.
La desaparición de Radilla Pacheco durante la “guerra sucia” es un recordatorio doloroso de la violencia institucional. A pesar de las numerosas denuncias presentadas desde entonces, la falta de resultados ha llevado a las víctimas a buscar justicia incluso en instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2009 condenó al Estado mexicano por su inacción en el caso.
Recientemente, el Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, Guanajuato, emitió una sentencia que reconoce la complicidad entre autoridades civiles y militares en estos hechos. La resolución no solo señala la responsabilidad de figuras como el expresidente Luis Echeverría, sino que describe un patrón sistemático de violencia y violaciones de derechos humanos que ocurrió entre 1971 y 1984, incluyendo las prácticas de los “vuelos de la muerte”.
Esta sentencia incluye testimonios de exmilitares y registros que demuestran cómo se llevaron a cabo tales operaciones, revelando una falta de seriedad en las investigaciones por parte del Estado. La jueza ha indicado que la Fiscalía General de la República debe tomar acción para investigar a las autoridades involucradas y a aquellas que han cometido omisiones en la búsqueda de justicia para Radilla Pacheco y otros casos similares.